E
l gobierno de Nicaragua aprobó la Ley de Rótulos donde pretende regular la publicidad y propaganda que se realiza en el país por medio de rótulos, a fin de mejorar la imagen y el desarrollo ordenado de los espacios urbanos. Para ello, obliga que todas las personas que deseen poner o que tengan actualmente un rótulo, cuenten con un permiso, de lo contrario, será removido por la Alcaldía de Managua y se le cobrará un cargo en concepto de remoción.
La normativa establece impuestos anuales que oscilan entre U$5 y U$1,000 dólares, en dependencia del tamaño y categoría. Señala el artículo 5 de la ley que deberán asumir “un canon anual de arrendamiento equivalente al 20 por ciento del impuesto anual del rótulo.”
Según el vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento, José Figueroa, este nuevo régimen tributario contribuirá directamente al fortalecimiento de las municipalidades del país, señala:
“Con los ingresos recaudados se fortalecerán las capacidades administrativas, la autonomía, la prestación de los servicios públicos y la infraestructura pública y se continuarán ejecutando proyectos sociales para el progreso de la comunidad, el bienestar de los habitantes y el desarrollo económico y sostenible de los municipios.”
Los impuestos deberán ser pagados a inicios de enero de cada año, de no realizarlo se cobrará una multa del 5% del costo del impuesto relacionado. En el caso de mega rótulos, se deberá de pagar una tasa de US$100 por el servicio de supervisión de la construcción e instalación del mismo.
Las instituciones públicas, bomberos, Cruz Roja, iglesias y gobiernos regionales están exentos de la aplicación de esta ley. Para la empresa privada, más allá de la organización del país es una ley con mala intención, ya que señalan que el gobierno la ha aprobado para aumentar la recaudación de impuestos.
Martha Molina, experta en temas de Gobernabilidad y Corrupción, señala, “Lo primero que hay que mencionar es que esta Ley de Rótulos es una medida recaudatoria para financiar el presupuesto general de la República 2021, que desde ya se encuentra desfinanciado, o sea, más desfinanciado que los años anteriores”. Señala Molina que los dueños de pequeños negocios como las pulperías desconocen el texto de esta ley y consideran injusto asumir el costo de la publicidad de productos que no les pertenece y solo comercializan. No obstante, las medianas y grandes empresas deberían asumir el costo de su publicidad, por lo cual considera serán quienes mas sentirán el golpe de esta ley.
¿Qué opina usted sobre esta nueva ley?
¡Contáctenos!
